TUTELA LEGAL DEL ARZOBISPADO
Un cierre inexplicable e inexplicado (tomado de Colectivo de Analisis de la realidad 01/10/2013)
Ayer a mediodía, una noticia que debería haber sido de alcance, y muy crítica hacia quienes adoptaron la medida, apareció en los medios, que aunque la incluyeron en sus ediciones, le dieron un perfil lo suficientemente bajo como para que no generara la tormenta mediática que potencialmente podía haber provocado.
El Arzobispo de San Salvador, Escobar Alas, tomó la decisión de cerrar la histórica oficina de DDHH de la Iglesia, Tutela Legal del Arzobispado, el lugar desde donde se investigaron y continuaban investigando, casos como el magnicidio de Monseñor Romero, la masacre de El Mozote, la contaminación ambiental de Baterías Récord, en el Sitio del Niño, entre otros emblemáticos casos de ayer y de hoy, en los cuales esa oficina trabajaba.
La medida fue adoptada de forma tan intempestiva (pero planificada) que sorprendió a todos los trabajadores, a quienes se les reconoció únicamente el año laboral como indemnización, sin contar el resto de años laborados en esa oficina. Pero además las cerraduras habían sido cambiadas, de modo de impedir el acceso a los ya ex empleados.
Más allá de la “versión oficial” que señala que para el arzobispado no tenía ya sentido continuar manteniendo una oficina de DDHH, el cierre no puede dejar de asociarse con el caso ventilado en estos días en la SCJ (SC), en relación con la posible declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, decretada en 1993, bajo el gobierno arenero de Alfredo Cristiani.
La relación entre estos dos hechos puede resultar preocupante, y mucho más, como lo señalaron algunos de los abogados afectados por el despido, en la medida que existe incertidumbre en cuanto al resguardo de los importantes archivos de investigaciones y denuncias de violaciones a los DDHH desde la creación de Tutela Legal en 1982.
Cabe pues preguntarse, de derogarse la Ley de Amnistía, cuanta efectividad podrían tener los eventuales juicios que pudieran llevarse a cabo, si el 80% aproximado de los archivos de denuncias y declaraciones, desaparecen como lo acaba de hacer la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado.
Es grande la responsabilidad del Arzobispo y de la jerarquía católica en este tema, y ya hasta el Procurador de DD HH ha manifestado su preocupación.
